Cohecho y Corrupción en España: Arts. 419-424 y 286 bis CP ( Guía 2026

# Cohecho y Corrupción en España: Arts. 419-424 y 286 bis CP; Guía 2026

La lucha contra la corrupción constituye una prioridad en el Derecho Penal español. El ordenamiento distingue entre el cohecho (corrupción del funcionario público) y la corrupción entre particulares (art. 286 bis CP), con regímenes diferentes en cuanto a sujeto activo, pena y responsabilidad empresarial.

1. Cohecho: Tipología de los Arts. 419-424 CP

Cohecho Propio (art. 419 CP): El Más Grave

Conducta: la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicite o reciba, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase, u oferta o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo.

Pena: prisión de 3 a 6 años, multa del tanto al triplo del valor del beneficio, e inhabilitación especial de 7 a 12 años.

Supuestos típicos: pago a funcionario para conceder licencia ilegal, para adjudicar contrato público a empresa determinada, para archivar un expediente sancionador.

Cohecho Propio Omisivo (art. 419.2 CP)

Conducta: la autoridad o funcionario que realice el acto contrario a sus deberes con anterioridad a la solicitud o recepción de la dádiva.

Cohecho Impropio (art. 420 CP)

Conducta: la autoridad o funcionario que solicite o reciba retribución para realizar un acto propio de su cargo (no contrario a sus deberes).

Pena: multa del tanto al duplo y suspensión de empleo o cargo de 6 meses a 3 años.

STS 15 junio 2021: el pago de "comisiones" a funcionarios para facilitar la tramitación ordinaria de expedientes (sin que se actúe contra sus deberes) constituye cohecho impropio, no propio.

Cohecho con Funcionario Extranjero (art. 423 CP)

Aplicable a la corrupción en transacciones comerciales internacionales, en cumplimiento del Convenio OCDE contra el soborno de funcionarios públicos extranjeros (ratificado por España en 2000).

El Sobornante (art. 424 CP)

También es penalmente responsable el particular que ofrezca, dé o prometa la dádiva:

• Por cohecho propio: misma pena que el funcionario
• Por cohecho impropio: pena inferior

2. Tráfico de Influencias (arts. 428-430 CP)

Conducta: el funcionario o autoridad que influyere en otro funcionario o en la autoridad prevaliéndose de las facultades de su cargo, o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, para conseguir una resolución beneficiosa en asunto en que tenga interés.

Pena: prisión de 6 meses a 1 año, multa y suspensión de cargo.

Tráfico de influencias impropio (art. 430): el particular que ejerciere influencias sobre funcionario para obtener resolución favorable sin pertenecer al sector público (el "enchufismo" cualificado).

3. Corrupción entre Particulares (art. 286 bis CP)

Este tipo, introducido en 2010 para transponer la Decisión Marco 2003/568/JAI, tipifica la corrupción en el sector privado:

Conducta activa (el que corrompe): ofrecer, prometer o conceder a directivos, empleados o administradores de entidades privadas, un beneficio no justificado para que favorezcan indebidamente al corruptor en la adquisición de mercancías o contratación de servicios.

Conducta pasiva (el corrompido): el directivo, empleado o administrador que solicite o acepte el beneficio.

Pena: prisión de 6 meses a 4 años, inhabilitación para el ejercicio de industria o comercio de 1 a 6 años, multa.

Tipo agravado: si el beneficio otorgado reviste especial valor o el beneficiario ocupa posición directiva relevante.

Corrupción en el deporte (art. 286 bis.4 CP): gestores, accionistas o deportistas que reciban dádivas para alterar resultados deportivos profesionales. Tipificada separadamente con penas equivalentes.

4. Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas

Las personas jurídicas son responsables de los delitos de cohecho (art. 427 bis CP) y corrupción entre particulares (art. 288 CP) cuando los cometan sus representantes, administradores o empleados en su nombre y beneficio.

Penas a las personas jurídicas:

• Multa del duplo al quíntuplo del beneficio obtenido (cohecho)
• Multa del doble al quíntuplo (corrupción privada)
• Disolución, suspensión de actividades, clausura de locales, inhabilitación para contratos públicos

Compliance anticorrupción: el sistema de prevención penal adecuado puede eximir o atenuar la responsabilidad. La norma de referencia es la UNE 19601 (Sistema de gestión de compliance penal) y las Directrices de la OCDE para programas anticorrupción.

5. Investigación y Cooperación Internacional

Investigación de oficio: la Fiscalía Anticorrupción (ACPO) y la Guardia Civil (UCO) tienen competencia para la investigación de delitos de corrupción. Las operaciones de envergadura se coordinan a través de GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción, Consejo de Europa) y OLAF (en el ámbito comunitario).

Whistleblowers: la Ley 2/2023, de 20 de febrero, regula la protección de los informantes en el sector público y privado, implementando la Directiva (UE) 2019/1937. Crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.).

6. Jurisprudencia Destacada

STS Caso Gürtel 29 julio 2020: condena emblemática que fija la doctrina sobre corrupción sistemática en contratación pública, la autoría mediata y la responsabilidad de partidos políticos como personas jurídicas.

STS 28 octubre 2019 (caso Nóos): sobre el cohecho impropio en transacciones con la Administración; el simple "comisionado" que recibe honorarios a cambio de facilitar contratos con la Administración puede incurrir en cohecho.

TJUE 28 septiembre 2023: interpreta la Directiva 2003/568/JAI sobre corrupción privada; la "competencia desleal" como resultado típico no requiere un perjuicio económico concreto; basta con la distorsión de la competencia en el mercado.

7. Aspectos Prácticos para el Abogado Penalista

Al representar a la empresa investigada:

• Realizar inmediatamente una investigación interna (internal investigation) para delimitar el alcance de los hechos
• Valorar la cooperación con el Ministerio Fiscal (puede reducir la pena significativamente)
• Revisar el programa de compliance para evaluar si es alegable como atenuante
• Considerar el auto-denuncia como estrategia defensiva

Al representar al funcionario imputado:

• Distinguir si los pagos fueron anteriores o posteriores al acto administrativo
• Acreditar si el acto fue conforme o contrario a los deberes del cargo
• Valorar el arrepentimiento activo y la devolución del beneficio

Lexiel localiza la jurisprudencia del TS y TJUE sobre cohecho en sectores específicos (contratación pública, urbanismo, sanidad), analiza si los hechos se subsumen en el tipo básico o agravado, y redacta el escrito de defensa o la querella.