Diccionario de términos legales

Ejercicio de un derecho subjetivo de forma contraria a los fines económicos o sociales para los que fue reconocido, o con daño para terceros. Prohíbe el Art. 7.2 CC. La consecuencia jurídica es la indemnización de los daños causados y la adopción de medidas para hacer cesar el abuso. Frecuente en litigios de propiedad horizontal, competencia desleal y contratos.

Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena. Incluye los "in itinere" (en el trayecto al trabajo). Genera recargo de prestaciones del 30-50% si hubo infracción de medidas de seguridad. La prestación sustitutiva es superior a la de IT por enfermedad común.

Acción que permite al acreedor impugnar los actos del deudor realizados en fraude de sus derechos cuando no tenga otro recurso para cobrar su crédito (Art. 1111 CC). Requisitos: acto de disposición patrimonial, perjuicio al acreedor (eventus damni), fraude o mala fe del deudor y, si el tercero adquirente es a título oneroso, complicidad suya. Plazo de prescripción: 4 años.

Acción real que protege el derecho de propiedad, permitiendo al propietario recuperar la posesión del bien frente a quien lo posee sin título. Requiere probar la propiedad, identificar el bien y que el demandado lo posea. No prescribe mientras exista la propiedad.

Mecanismo para exigir responsabilidad a los administradores de una sociedad por los daños causados a esta. La ejercita la sociedad por acuerdo de junta o, subsidiariamente, los socios con el 5% del capital o los acreedores.

Medida de protección de menores por la que se encomienda la guarda a una persona o familia, que asumen las obligaciones de velar, tener en compañía, alimentar y educar. Puede ser simple, permanente o preadoptivo.

Conducta hostil, intimidatoria o vejatoria ejercida de forma sistemática sobre un trabajador que menoscaba su dignidad. El trabajador puede extinguir el contrato con indemnización equivalente al despido improcedente (Art. 50.1.c ET). También puede generar responsabilidad penal si concurren amenazas (Art. 173 CP).

Acreedor cuyo crédito tiene preferencia de cobro sobre la masa activa concursal. El TRLC distingue: acreedores con privilegio especial (garantía real sobre bien concreto), privilegio general (salarios, tributos, crédito público), ordinarios (sin privilegio) y subordinados (socios, préstamos vinculados, intereses, multas).

Declaración de voluntad, juicio, conocimiento o deseo emitida por las Administraciones Públicas en ejercicio de una potestad administrativa. Puede ser favorable (autorizaciones, subvenciones) o de gravamen (sanciones, órdenes). Se presume válido y es ejecutivo.

Acto que no puede ser recurrido en vía administrativa ordinaria por haber transcurrido los plazos de impugnación o haberse agotado la vía administrativa. Solo puede impugnarse mediante revisión de oficio (nulidad de pleno derecho) o recurso extraordinario de revisión. Es ejecutivo y ejecutorio.

Procedimiento pre-concursal que permite a deudores personas naturales y PYMES negociar con sus acreedores un acuerdo de reestructuración antes de acudir al concurso. Lo tramita un mediador concursal. Si fracasa, abre automáticamente el concurso consecutivo. Desde la Ley 16/2022 tiene carácter subsidiario respecto de los planes de reestructuración.

Participación del ofendido o perjudicado por el delito en el proceso penal como parte acusadora, ejerciendo la acción penal y la civil derivada. En España, la acusación particular puede ejercerse independientemente del Ministerio Fiscal. Distinta de la acusación popular (cualquier ciudadano) y de la acción civil acumulada.

Delito por el que el administrador de una sociedad u otro patrimonio quebranta los deberes de su cargo causando un perjuicio económico. Distingue del delito societario clásico en que no requiere aprovechamiento personal. Especialmente relevante en disputas entre socios y en concursos de acreedores.

Profesional independiente designado por el juez del concurso para gestionar el patrimonio del deudor insolvente, elaborar el inventario, la lista de acreedores y el plan de liquidación o convenio.

Persona física o jurídica responsable de la gestión y representación de una sociedad. En la SL pueden ser administradores únicos, solidarios, mancomunados o consejo de administración. Responden personalmente frente a socios y acreedores si infringen la ley o causan daño.

Institución jurídica por la que se establece un vínculo de filiación entre adoptante y adoptado, extinguiendo los vínculos con la familia biológica (salvo adopción abierta). En España requiere resolución judicial. Los adoptados mayores de 12 años deben prestar su consentimiento. La adopción internacional se rige por convenios internacionales y normativa de cada país de origen.

Persona designada por el testador para ejecutar su última voluntad: pagar deudas, entregar legados, promover el inventario de bienes y custodiar la herencia. Puede ser universal o particular, mancomunado o solidario. Su cargo dura el plazo fijado por el testador (máximo un año prorrogable).

Fenómeno por el que un modelo de IA genera información falsa con apariencia de ser correcta, como citas legales inventadas. Lexiel previene alucinaciones verificando cada cita contra fuentes oficiales (BOE, CGPJ).

Delito que comete el deudor que oculta, destruye, grava o enajena fraudulentamente sus bienes para eludir el pago de deudas a sus acreedores. No requiere que la insolvencia sea definitiva ni que el acreedor haya obtenido sentencia previa. La conducta protege el derecho de los acreedores a la ejecución universal.

Asiento registral provisional que publicita la existencia de un litigio o trámite que puede afectar al dominio o cargas de una finca. Tiene un plazo inicial de 4 años, prorrogables. No otorga los efectos plenos de la inscripción.

Autorización de la AEAT para diferir el pago de deudas tributarias cuando el obligado tributario no puede hacerlo sin riesgo grave para su actividad. Devengan intereses de demora. Las deudas en período ejecutivo o resultantes de retenciones generalmente no son aplazables.

Facultad de solicitar ante la AEAT el pago diferido de deudas tributarias cuando la situación económica-financiera impida transitoriamente el pago. No son aplazables las retenciones e ingresos a cuenta, ni el IVA repercutido (salvo excepción). Se devengan intereses de demora. El aplazamiento puede garantizarse con aval, hipoteca o seguro de caución.

Delito que comete quien recibe bienes ajenos (dinero, efectos o cualquier bien mueble) en virtud de depósito, comisión, administración u otro título que obligue a devolverlos o entregarlos, y los distrae o niega haberlos recibido. La STS de Pleno 2/2017 aclaró la distinción entre apropiación propia y distracción.

Método alternativo de resolución de controversias en el que las partes someten su litigio a árbitros privados, cuya decisión (laudo) tiene fuerza de cosa juzgada y es ejecutable como sentencia judicial. El convenio arbitral excluye la jurisdicción ordinaria. En España rige la Ley 60/2003, inspirada en la Ley Modelo UNCITRAL.

Autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales para extranjeros en situación irregular. Hay tres tipos: social (3 años), laboral (2 años) y familiar.

Cantidad entregada como señal al celebrar un contrato (normalmente compraventa). Las arras penitenciales (Art. 1454 CC) permiten desistir: el comprador pierde la señal, el vendedor devuelve el doble.

Alquiler de inmueble destinado a actividad empresarial o profesional, regulado por el Título III de la LAU. A diferencia del arrendamiento de vivienda, las partes tienen mayor libertad para pactar duración, renta y condiciones de prórroga. El arrendatario goza de derecho de adquisición preferente y, en su caso, indemnización por clientela al término del contrato.

Contrato por el que el arrendador cede el uso de una vivienda al arrendatario a cambio de una renta periódica. Duración mínima: 5 años (persona física) o 7 años (persona jurídica). Prórroga tácita de 3 años adicionales. La renta solo puede actualizarse según IPC o índice de referencia.

Contrato de arrendamiento de fincas agrícolas, forestales o pecuarias. La LAR fija plazos mínimos de 5 años (renovables), derechos de adquisición preferente del arrendatario y limitaciones a la renta.

Contrato de alquiler de viviendas y locales de negocio. La LAU 2013 (modificada por Ley 12/2023) fija: prórroga obligatoria hasta 5 años (o 7 si el arrendador es persona jurídica), actualización de renta por IRAV (índice propio, no IPC), fianza obligatoria de una mensualidad.

Revisión independiente de las cuentas anuales de una sociedad para verificar que presentan la imagen fiel. Obligatoria cuando se superan 2 de 3 umbrales durante 2 ejercicios consecutivos: activo >4 M€, cifra de negocios >8 M€, empleados >50.

Persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de organización ajena una actividad económica. Obligado a alta en el RETA y cotización mensual. Desde 2023, la cuota se calcula sobre los rendimientos netos reales (sistema de tramos).

Permiso que autoriza a un extranjero no comunitario a residir y trabajar en España. La autorización inicial tiene duración de un año, renovable por dos. Requiere oferta de empleo, que el empresario esté inscrito en Seguridad Social y que no se vulnere la situación nacional de empleo (salvo regímenes especiales: arraigo laboral, social, familiar, Ley de Startups, visado nómada digital). El procedimiento se inicia ante la Delegación o Subdelegación de Gobierno.

Instrumento mediante el que un órgano jurisdiccional solicita a otro la práctica de diligencias fuera de su territorio. El exhorto nacional se rige por la LEC. El internacional sigue los convenios bilaterales y el Reglamento (UE) 1206/2001. Permite practicar pruebas en otras jurisdicciones.

Garantía personal por la que una entidad financiera se compromete solidariamente a pagar la deuda de un tercero si este incumple. Es autónomo respecto de la deuda principal (no puede oponer excepciones del deudor principal). Ampliamente exigido por la AEAT para aplazamientos, por la Administración en contratación pública y por los tribunales para medidas cautelares.

Sistema de valoración del daño corporal causado en accidentes de tráfico establecido por la Ley 35/2015. Fija tablas tasadas para: perjuicio personal básico y particular (por secuelas y lesiones temporales), daño patrimonial (lucro cesante y gastos) y daño emergente. Su aplicación es obligatoria en toda reclamación frente al seguro obligatorio de automóviles. Las tablas se actualizan anualmente por resolución de la DGSFP conforme al IPC.

Magnitud que resulta de la medición del hecho imponible y sobre la que se aplica el tipo de gravamen para determinar la cuota tributaria. Ejemplo: en IRPF, es la suma de rendimientos netos menos reducciones.

Delito que consiste en ocultar o encubrir el origen ilícito de bienes procedentes de actividades delictivas. Los abogados son sujetos obligados bajo la Ley 10/2010 y deben aplicar diligencia debida con sus clientes y comunicar operaciones sospechosas al SEPBLAC. La responsabilidad penal de la persona jurídica aplica al blanqueo corporativo.

Principio general del derecho que exige comportarse con honradez y lealtad. En derecho civil, la buena fe contractual obliga a una ejecución honrada del contrato y prohíbe el ejercicio abusivo de derechos. Quien alega la mala fe debe probarla. Fundamento del pacta sunt servanda y de la protección del tercero registral (Art. 34 LH).

Extinción de un derecho o acción por el mero transcurso del plazo legal o convencional, sin posibilidad de interrupción. Opera automáticamente, puede apreciarse de oficio y no admite renuncia previa. Ejemplo: acción de nulidad matrimonial (no prescribe pero sí caduca en algunos supuestos).

Pacto otorgado en escritura pública por el que los cónyuges o futuros cónyuges establecen, modifican o sustituyen su régimen económico matrimonial. Inscribibles en el Registro Civil y, en su caso, en el de la Propiedad.

Contrato formal entre los cónyuges o futuros cónyuges para establecer, modificar o sustituir el régimen económico del matrimonio. Deben constar en escritura pública e inscribirse en el Registro Civil. Pueden pactarse antes o durante el matrimonio. El régimen más frecuente alternativo a los gananciales es la separación de bienes.

Regla que determina quién debe probar los hechos en un proceso. Con carácter general, al actor incumbe probar los hechos constitutivos de su pretensión y al demandado los hechos impeditivos o extintivos. En derecho del consumo, la carga se invierte.

Comunicación escrita obligatoria que el empresario debe entregar al trabajador para despedirlo por causas disciplinarias. Debe contener los hechos imputados y la fecha de efectos. La falta de forma escrita o de hechos concretos convierte el despido en improcedente.

Registro administrativo de la AEAT que describe las fincas rústicas, urbanas y de características especiales: situación, superficie, uso, calidad y valor catastral. El valor catastral es la base imponible del IBI y referencia para el ISD, IRPF (ganancias patrimoniales) e IIVTNU. Difiere habitualmente del valor de mercado.

Título-valor por el que el librador ordena a un banco (librado) que pague a la vista una cantidad determinada de dinero a la persona designada como tomador. El banco no "acepta" cheques; su responsabilidad es la cobertura en cuenta. Prescripción de la acción: 6 meses.

Circunstancia que aumenta la gravedad del delito y permite imponer la pena en su mitad superior. Incluye: alevosía, abuso de superioridad, disfraz, precio, discriminación y reincidencia.

Circunstancia que reduce la gravedad del delito y permite imponer la pena en su mitad inferior. Incluye: confesión, reparación del daño, dilaciones indebidas, drogadicción, parentesco y atenuante analógica.

Causa que excluye la responsabilidad penal: anomalía psíquica, estado de necesidad, legítima defensa, miedo insuperable, cumplimiento de un deber, obrar en el ejercicio legítimo de un derecho. Si no es completa, atenúa la pena.

Acuerdo por el que las partes se comprometen a someter sus litigios futuros a arbitraje en lugar de acudir a los tribunales ordinarios. Excluye la jurisdicción judicial. El laudo arbitral tiene efectos de cosa juzgada y es ejecutable como una sentencia.

Pacto por el que el trabajador se compromete a no trabajar para competidores ni establecerse por su cuenta en actividades similares tras la extinción del contrato. Requisitos: existencia de interés empresarial efectivo, compensación económica adecuada y duración máxima de 2 años (técnicos) o 6 meses (demás).

Estipulación contractual que fija anticipadamente la indemnización a pagar por el incumplimiento. Sustituye a la indemnización ordinaria salvo pacto. Los tribunales pueden moderar la pena cuando sea manifiestamente desproporcionada respecto al daño sufrido (Art. 1154 CC).

Cláusula hipotecaria que establece un tipo de interés mínimo, impidiendo que el prestatario se beneficie de bajadas del Euríbor. Declarada abusiva por falta de transparencia material (STS 9/5/2013).

Órgano de representación colectiva de los trabajadores en empresas o centros de trabajo de 50 o más trabajadores. Tiene derechos de información (cuentas anuales, situación empleo), consulta (EREs, reestructuraciones) y negociación colectiva. Composición de 5 a 75 miembros según plantilla.

Conductas empresariales contrarias a la buena fe mercantil que falsean el mercado: actos de confusión, engaño, denigración, explotación de reputación ajena, imitación desleal, violación de secretos y publicidad comparativa ilícita. La LCD permite acciones declarativa, de cesación, resarcimiento e indemnización.

El Reglamento UE 2024/1689 (AI Act) exige medidas de compliance según el nivel de riesgo del sistema de IA. Los sistemas de riesgo alto (selección de personal, justicia, educación) exigen documentación técnica, registro en base de datos UE, supervisión humana y evaluación de conformidad. En vigor gradualmente desde agosto 2024.

Forma de participación en el delito consistente en cooperar con actos anteriores o simultáneos no considerados necesarios para la ejecución. El cómplice recibe pena inferior en un grado al autor. Distinta de la coautoría (dominio del hecho) y de la cooperación necesaria.

Situación jurídica en la que la propiedad de un bien o derecho pertenece proindiviso a varios sujetos (comuneros). Cada comunero puede pedir la división en cualquier momento (actio communi dividundo). Requiere unanimidad para actos de disposición.

Régimen jurídico especial que rige en edificios divididos horizontalmente. Los propietarios son dueños de su piso y copropietarios de los elementos comunes. La Junta de Propietarios adopta acuerdos por mayoría según cuotas de participación.

Procedimiento judicial universal para resolver la insolvencia de un deudor, conciliando los intereses de todos los acreedores. Puede terminar en convenio de pago o liquidación del patrimonio.

Cláusula contractual que atribuye a una de las partes la facultad de resolver el contrato si la otra incumple la obligación pactada, recuperando la propiedad o prestación entregada. En compraventa inmobiliaria, se inscribe en el Registro para que surta efectos frente a terceros. Distinta de la condición suspensiva, que difiere el nacimiento del derecho.

Acuerdo por el que el acusado reconoce los hechos y acepta la pena solicitada, evitando el juicio oral. En el procedimiento abreviado puede hacerse en cualquier momento anterior al juicio. Tiene un límite: si la pena solicitada supera los 6 años de prisión, la conformidad solo es posible si el tribunal la acepta libremente.

Acuerdo entre acusado y ministerio fiscal por el que el acusado reconoce su culpabilidad a cambio de una pena reducida. En lo abreviado, la conformidad puede prestarse en cualquier momento anterior a la vista oral.

Órgano colegiado de administración de las sociedades anónimas. Actúa por mayoría; el presidente dirige las reuniones. Los consejeros tienen deberes de diligencia y lealtad: no competencia desleal, no conflicto de intereses, deber de secreto. Deben reunirse al menos una vez por trimestre.

Mecanismo para obtener pronunciamiento de la DGT sobre la aplicación de la norma fiscal a una situación concreta antes de que nazca la obligación tributaria. La DGT responde en 6 meses. Si la consulta es vinculante y el contribuyente aplica el criterio de la DGT, queda exento de responsabilidad por infracción aunque la consulta sea errónea, siempre que el hecho sea fiel a la consulta.

Contrato celebrado por una Administración Pública con un particular para satisfacer una necesidad pública. Las modalidades principales son: contrato de obras, suministro, servicios, concesión de obra y concesión de servicio. Sujeto a la LCSP con principios de publicidad, concurrencia y no discriminación.

Contrato por el que un agente se compromete a promover actos de comercio por cuenta del empresario de forma permanente, a cambio de remuneración. Al extinguirse, el agente tiene derecho a indemnización por clientela si ha captado nueva clientela (al menos 1 año de comisiones medias). Regulado por la Ley 12/1992.

Contrato por el que el arrendador cede el uso de un inmueble al arrendatario a cambio de una renta periódica. La LAU regula los arrendamientos de vivienda (5 años prorrogables para personas físicas, 7 para personas jurídicas) y de uso distinto de vivienda. La fianza legal es de 1 mes en vivienda y 2 en uso distinto.

Contrato por el que el vendedor se obliga a entregar una cosa determinada y el comprador a pagar por ella un precio cierto en dinero o signo que lo represente. Es consensual (se perfecciona con el consentimiento), bilateral (obliga a ambas partes) y oneroso. El título de la compraventa no es suficiente para transmitir el dominio: requiere la entrega (traditio) conforme a la teoría del título y el modo.

Contrato para menores de 30 años que compatibiliza trabajo retribuido con formación profesional o universitaria. Duración: 3 meses a 2 años. Retribución mínima: 60% del SMI el primer año y 75% el segundo. La empresa recibe bonificaciones en cuotas de Seguridad Social.

Contrato celebrado por una entidad del sector público sujeto a la LCSP. Los contratos más relevantes son: obras, concesión de obras, suministros, servicios y concesión de servicios. La adjudicación se realiza mediante procedimiento abierto, restringido o negociado. Principios: igualdad, no discriminación, transparencia y eficiencia.

Acuerdo entre representantes de trabajadores y empresarios que regula las condiciones de trabajo en un sector o empresa. Tiene fuerza normativa y se publica en el BOE o boletín autonómico.

Acuerdo entre los cónyuges que regula los efectos del divorcio o separación: uso de la vivienda familiar, guarda y custodia, régimen de visitas, pensión de alimentos y compensatoria, y liquidación del régimen económico. Aprobado judicialmente o ante notario/LAJ.

Efecto que impide que un litigio ya resuelto por sentencia firme pueda ser juzgado de nuevo. Cosa juzgada formal: impide recurrir dentro del mismo proceso. Material: impide un nuevo proceso sobre el mismo objeto (identidad de sujetos, petición y causa de pedir). Puede oponerse como excepción procesal.

Gastos derivados del proceso judicial que incluyen honorarios de abogado, aranceles de procurador, peritos y otros. Se imponen a la parte que pierde totalmente, salvo que el caso presente serias dudas de hecho o derecho.

Cuestión cuya resolución condiciona el fallo del litigio principal y que debe decidirse previamente. La prejudicialidad penal (Art. 40 LEC) suspende el proceso civil si hay hechos penales que determinan la controversia civil. La cuestión prejudicial ante el TJUE (Art. 267 TFUE) puede plantearse por cualquier órgano jurisdiccional cuando la interpretación del Derecho UE sea decisiva.

Falta de la diligencia exigible que produce un daño a otro. En derecho civil, la culpa puede generar responsabilidad contractual (Art. 1104 CC) o extracontractual (Art. 1902 CC). En derecho penal, el delito culposo o imprudente es el cometido sin dolo pero por infracción del deber de cuidado.

Institución de protección jurídica para personas con discapacidad que precisan apoyo para tomar decisiones. Tras la Ley 8/2021, la curatela es la medida ordinaria sustitutiva de la incapacitación. El curador complementa o representa al curatelado según la extensión fijada judicialmente, siempre con criterio de menor restricción posible.

Régimen de guarda y custodia en el que ambos progenitores comparten el cuidado diario del menor en periodos alternados. Puede ser acordada por los progenitores o impuesta por el juez atendiendo al interés del menor. No implica que cada progenitor pague pensión alimenticia, pero sí que ambos soporten los gastos ordinarios.

Acuerdo entre deudor hipotecario y entidad financiera por el que se entrega el inmueble para extinguir totalmente la deuda, aunque su valor no cubra el préstamo pendiente. No es un derecho automático del deudor sino un acuerdo voluntario salvo para deudores en umbral de exclusión (Real Decreto-ley 6/2012).

Medio por el que el demandado denuncia la falta de jurisdicción, competencia objetiva, funcional o territorial del juez que conoce del asunto. Debe interponerse dentro de los primeros 10 días del plazo para contestar a la demanda. Suspende el plazo de contestación mientras se tramita.

Reducción en la cuota tributaria o en la base imponible que minora la carga fiscal del contribuyente. Ejemplos: deducción por vivienda habitual (adquirida antes de 2013), por donativos, por inversión en I+D o por maternidad.

Deducción en cuota del IS por gastos en investigación y desarrollo (25-42%) e innovación tecnológica (12%). Una de las más generosas de la UE. Aplicación: se deduce de la cuota íntegra; puede generar un crédito fiscal trasladable 18 años. El informe motivado vinculante del MINCOTUR permite asegurar la calificación I+D+i ante Hacienda.

Pluralidad de acciones u omisiones que individualmente serían delitos o faltas, ejecutadas por el mismo sujeto aprovechando idéntica ocasión o vulnerando el mismo precepto, y que se valoran unitariamente. La pena se fija en la mitad superior del delito más grave.

Delito que comete quien defrauda a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local en una cuota superior a 120.000€. Penas: prisión de 1 a 5 años y multa del tanto al séxtuplo de lo defraudado. La regularización voluntaria antes de la denuncia o inicio de actuaciones inspectoras exime de responsabilidad penal.

Modalidad delictiva en la que el sujeto causa el resultado típico por infracción del deber de cuidado (imprudencia) sin intención. El CP solo castiga la imprudencia grave (art. 12 CP). La imprudencia leve quedó despenalizada en 2015. En accidentes de tráfico, la imprudencia grave (muertes, lesiones graves) es el tipo más frecuente.

Categoría de delitos que utilizan sistemas informáticos como medio o son su objeto: acceso ilícito (Art. 197 bis CP), daños informáticos (Art. 264 CP), estafa informática (Art. 248.2 CP), suplantación de identidad y distribución de malware. La jurisprudencia de la Audiencia Nacional es la más relevante.

Delitos cometidos por administradores de hecho o de derecho de sociedades mercantiles: imponer acuerdos abusivos (Art. 291 CP), impedir o limitar derechos de socios (Art. 292 CP), falsear la contabilidad (Art. 290 CP) o disponer fraudulentamente de bienes de la sociedad en perjuicio de socios o acreedores (Art. 295 CP).

Derecho de toda persona a acceder a la información en poder de las Administraciones Públicas. La LTAIBG (Ley 19/2013) lo reconoce con límites: seguridad nacional, datos personales, secreto empresarial, propiedad intelectual. La solicitud se puede presentar sin justificación. El CTBG (Consejo de Transparencia) resuelve las reclamaciones.

Derecho fundamental de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Requiere preaviso de 5 días (10 en servicios esenciales). Los huelguistas no perciben salario y tampoco cotizan. El comité de huelga debe garantizar los servicios mínimos establecidos por la autoridad laboral. El lock-out patronal solo es lícito ante peligro para personas o daño grave para la empresa.

Derecho del socio a abandonar la sociedad y recibir el valor razonable de su participación cuando la junta general adopta determinados acuerdos (modificación sustancial de objeto social, prórroga, traslado del domicilio al extranjero, etc.).

Derechos reconocidos en los Arts. 15-29 CE (Sección 1ª, Capítulo II, Título I). Gozan de protección reforzada: reserva de ley orgánica, vinculan a todos los poderes públicos, son directamente aplicables y son tutelables en amparo ante el TC. Incluyen el derecho a la vida, integridad, libertad, honor, intimidad, imagen y tutela judicial.

Procedimiento judicial para recuperar la posesión de un inmueble por falta de pago de rentas o por expiración del plazo contractual. Regulado como juicio verbal con especialidades.

Despido declarado judicialmente sin causa legal suficiente o incumpliendo los requisitos formales. El empresario debe optar entre readmitir al trabajador con los salarios de tramitación o pagar la indemnización: 33 días/año trabajado con máximo 24 mensualidades (contratos desde 12/02/2012).

Despido que vulnera derechos fundamentales o libertades públicas, o que se produce en circunstancias protegidas (embarazo, maternidad/paternidad, reducción de jornada por cuidado, discriminación). Consecuencia: readmisión obligatoria con abono de salarios de tramitación, sin opción de indemnización.

Extinción del contrato por causas disciplinarias o por razones objetivas debidamente acreditadas. No genera indemnización por extinción (aunque sí puede haber preaviso en el despido objetivo). El trabajador conserva el derecho a prestación por desempleo.

Parte del beneficio de una sociedad distribuida entre sus socios o accionistas en proporción a su participación en el capital. La junta general decide si se distribuye o se destina a reservas. Sujeto a retención fiscal (19-28% según importe). Las SL pueden repartir a cuenta con límites.

Disolución del matrimonio por resolución judicial. Desde la reforma de 2005, el divorcio es directo (sin separación previa) y no causal: basta la voluntad de uno de los cónyuges. Si hay acuerdo, puede ser de mutuo acuerdo ante notario o letrado de la Administración de Justicia.

Principio que impide contradecir la conducta anterior cuando ha generado una expectativa legítima en la otra parte. Plasmado en el brocardo venire contra factum proprium non valet. El TS exige tres requisitos: conducta anterior relevante, expectativa legítima inducida y contradicción con la conducta posterior. Tiene aplicación transversal en derecho civil, mercantil, procesal y administrativo.

En derecho civil: vicio del consentimiento por el que una parte induce a la otra mediante maquinaciones o artificios engañosos a celebrar un contrato que no habría suscrito o habría suscrito en condiciones diferentes. Causa anulabilidad del contrato. En derecho penal: intención consciente de cometer un delito.

Acto de liberalidad por el que una persona (donante) dispone gratuitamente de una cosa a favor de otra (donatario) que la acepta. Las donaciones de inmuebles deben constar en escritura pública. Sujetas a reducción por inoficiosidad si perjudican las legítimas.

Acto de liberalidad por el que una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra. Las donaciones de bienes inmuebles deben hacerse en escritura pública. Están sujetas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD). Son revocables por superveniencia de hijos, ingratitud o incumplimiento de cargas.

Reglamento UE 2022/2554 de resiliencia operativa digital para el sector financiero (bancos, seguros, plataformas de inversión, gestoras). Obligaciones desde enero 2025: gestión de riesgos TIC, notificación de incidentes graves, pruebas de resiliencia (incluidos TLPT), gestión del riesgo de terceros proveedores TIC y registro de proveedores críticos ante la ESMA/EBA.

El DSA (Reg. UE 2022/2065) regula la responsabilidad de intermediarios digitales por contenidos ilícitos. El DMA (Reg. UE 2022/1925) impone obligaciones a los gatekeepers (Google, Meta, Amazon, Apple) para garantizar mercados digitales contestables. Aplicación directa en España desde 2024.

Proceso de revisión e investigación de todos los aspectos jurídicos de una empresa o activo antes de una operación corporativa (M&A, inversión, financiación). Comprende: revisión contractual, propiedad intelectual, litigios, cumplimiento regulatorio, laboral y fiscal. El informe de due diligence es la base de las declaraciones y garantías del contrato de compraventa y de las cláusulas de indemnización.

Fase procesal por la que se da efectividad al fallo de una sentencia firme. El ejecutante pide al juez que inste al ejecutado al cumplimiento voluntario (en 20 días); si no lo hace, se adoptan medidas ejecutivas: embargo de bienes, administración judicial, etc.

Procedimiento especial para ejecutar una hipoteca ante el impago del deudor. Permite al acreedor solicitar la subasta del bien hipotecado. El deudor puede oponerse por causas tasadas (pago, no vencimiento, cláusulas abusivas). La Ley 1/2013 introdujo protecciones frente a desahucios.

Procedimiento judicial o notarial por el que el acreedor hipotecario reclama el pago de la deuda garantizada mediante la venta forzosa del inmueble hipotecado. La hipoteca es accesoria de la obligación garantizada. Requiere escritura pública e inscripción registral para su constitución válida.

Ejecución de sentencias de primera instancia recurridas en apelación, sin esperar a que la sentencia sea firme. Se despacha a solicitud del ejecutante; el ejecutado puede oponerse si la ejecución puede producir una situación difícilmente reversible. Si la sentencia es revocada, se deshacen los efectos de la ejecución provisional.

Acto jurídico por el que el menor de edad obtiene plena capacidad de obrar antes de cumplir los 18 años. Puede tener lugar por matrimonio, concesión de los progenitores (desde los 16 años, con consentimiento del menor, ante notario o juez) o concesión judicial. El emancipado puede regir su persona y bienes pero no puede pedir préstamos, gravar o enajenar inmuebles sin consentimiento de sus padres o curador.

Medida de aseguramiento que afecta bienes concretos del deudor para garantizar el cumplimiento de una obligación. Puede recaer sobre cuentas bancarias, inmuebles, vehículos o salarios (con límites del SMI).

Principio general del derecho que obliga a quien se enriquece a costa de otro sin causa jurídica a restituir el beneficio obtenido. No requiere culpa. Sus elementos: enriquecimiento del demandado, empobrecimiento correlativo del demandante, nexo causal y ausencia de causa jurídica. Fuente de obligaciones junto al contrato y el delito, con naturaleza subsidiaria.

Procedimiento para extinguir contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas cuando supera umbrales legales (p.ej. 10 trabajadores en 90 días en empresa de 100+). Requiere período de consultas con representantes sindicales.

Suspensión temporal de contratos o reducción de jornada por causas ETOP o de fuerza mayor. Los trabajadores acceden a la prestación por desempleo aunque no cumplan el período de carencia mínimo. El SEPE paga directamente; la empresa puede recibir exoneración de cotizaciones. Distinto del ERE (extinción definitiva).

Operación inversa a la fusión: una sociedad se divide, transmitiendo todo o parte de su patrimonio a una o varias entidades beneficiarias. Escisión total: la escindida se extingue y su patrimonio se reparte entre las beneficiarias. Escisión parcial: solo se segrega una rama de actividad, subsistiendo la escindida.

Delito contra el patrimonio que requiere: engaño bastante, error en el sujeto pasivo, acto de disposición, perjuicio económico y ánimo de lucro. La estafa agravada (Art. 250 CP) concurre cuando la cuantía supera 50.000 EUR, afecta a servicios básicos o se comete contra personas vulnerables. Pena base: 6 meses a 3 años.

Suspensión voluntaria del contrato de trabajo. La excedencia voluntaria requiere 1 año de antigüedad y dura entre 4 meses y 5 años, sin reserva de puesto (solo preferencia de reingreso). La excedencia por cuidado de hijos sí reserva el puesto el primer año.

Mecanismo de segunda oportunidad para personas físicas insolventes. Permite exonerar el pasivo insatisfecho tras la liquidación concursal si se cumplen los requisitos (buena fe, no condena por delito económico, intento previo de acuerdo). Reforma 2022 simplificó el acceso y eliminó el plan de pagos obligatorio previo.

Privación coactiva de bienes o derechos por parte de la Administración por razones de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización (justiprecio). Requiere declaración de utilidad pública, necesidad de ocupación y previo pago o depósito del justiprecio.

Privación imperativa del dominio por causa de utilidad pública o interés social, mediante pago previo del justiprecio. El procedimiento comprende: declaración de utilidad, relación de bienes, fijación del justiprecio y acta de ocupación. El expropiado puede impugnar el justiprecio ante el Jurado de Expropiación y, en segunda instancia, ante la Sala Contencioso-Administrativa.

Documento tributario emitido y recibido en formato electrónico, con el mismo valor legal que la factura en papel. Obligatoria entre empresas y autónomos (B2B) a partir de 2025 (Ley Crea y Crece). En operaciones con la Administración Pública es obligatoria desde 2015 (FACe). Compatible con VeriFactu.

Primera fase del proceso penal dirigida por el juez instructor para investigar el hecho delictivo, identificar al responsable y adoptar medidas cautelares. Comprende diligencias de investigación (declaraciones, registros, periciales). Finaliza con el auto de apertura de juicio oral o el sobreseimiento.

Contrato por el que el fiador se obliga a pagar la deuda de un tercero si este no lo hace. El fiador tiene beneficio de excusión (cobrar primero al deudor principal) y beneficio de división (compartir la deuda con otros fiadores). La fianza puede ser solidaria, eliminando estos beneficios.

Vínculo jurídico que une a una persona con sus progenitores. Puede ser por naturaleza (matrimonial o no matrimonial) o por adopción. Se determina respecto de la madre por el parto y respecto del padre por reconocimiento, expediente o sentencia.

Documento por el que empresa y trabajador liquidan las obligaciones económicas pendientes al extinguirse la relación laboral: salarios pendientes, vacaciones no disfrutadas, partes proporcionales de pagas extra y, en su caso, indemnización.

El Reglamento eIDAS (UE 910/2014) distingue tres niveles: simple (datos electrónicos), avanzada (vinculada al firmante con control exclusivo) y cualificada (con certificado cualificado de prestador de confianza). Solo la cualificada tiene efecto equivalente a la firma manuscrita. En España: Ley 6/2020.

Fondo de Garantía Salarial: organismo público que garantiza parcialmente los salarios e indemnizaciones pendientes cuando la empresa es insolvente o entra en concurso de acreedores.

Contrato por el que el franquiciador cede al franquiciado el derecho a explotar un sistema empresarial propio (marca, know-how, imagen) a cambio de un canon inicial y royalties periódicos. Obligación de registro previo en el Registro de Franquiciadores.

Fuerza mayor: evento exterior, imprevisible e irresistible que impide el cumplimiento de una obligación, exonerando de responsabilidad. Caso fortuito: más interno a la actividad del deudor; en algunos ámbitos de responsabilidad objetiva no exonera. Los arts. 1105 y 1182 CC exoneran por fuerza mayor pero no siempre por caso fortuito.

Operación societaria por la que dos o más sociedades se integran en una única. Por absorción: la absorbida se extingue y la absorbente incorpora su patrimonio. Por nueva constitución: todas se extinguen y nace una nueva sociedad. Requiere proyecto de fusión, aprobación de juntas generales e inscripción registral.

La fusión es la integración de dos o más sociedades en una sola por absorción o constitución de nueva sociedad. La escisión divide el patrimonio de una sociedad, transfiriéndolo a otras existentes o de nueva creación. Requieren proyecto de fusión/escisión, informes de administradores y aprobación de juntas.

Régimen de custodia en que ambos progenitores ejercen la guarda de forma alternada. Favorecida por la jurisprudencia del TS cuando ambos progenitores son aptos y la proximidad geográfica lo permite. No exime automáticamente de la pensión de alimentos.

Régimen por el que los hijos menores conviven con ambos progenitores en períodos alternos (semanas, quincenas, cursos académicos). El TC ha afirmado que la custodia compartida es el régimen preferente si beneficia al interés del menor. No requiere acuerdo de los progenitores si el juez lo estima más adecuado.

Procedimiento urgente de control judicial de la detención. Cualquier persona que esté detenida ilegalmente (sin causa legal, incomunicada, con malos tratos o más tiempo del legal) o la que actúe en su nombre puede solicitarlo. El juez de instrucción debe resolver en 24 horas. Garantía constitucional del art. 17.4 CE, desarrollada por la Ley Orgánica 6/1984.

Presupuesto fijado por la ley cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Ejemplo: en IVA, la entrega de bienes o prestación de servicios; en ITP, la transmisión de inmuebles.

Sucesión que se produce cuando el fallecido no dejó testamento o este fue ineficaz. La ley establece el orden de llamamientos: descendientes, ascendientes, cónyuge, colaterales hasta 4.º grado y, en último término, el Estado.

Derecho real de garantía que grava un bien inmueble en seguridad del cumplimiento de una obligación sin desplazamiento posesorio. Si el deudor incumple, el acreedor puede ejecutar la hipoteca y obtener la venta judicial del bien.

Derecho real de garantía sobre un inmueble que permanece en poder del deudor pero responde del pago de la deuda. Se constituye en escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad. Al impago, el acreedor puede ejecutar la garantía.

Derecho real de garantía que grava un bien inmueble en seguridad del cumplimiento de una obligación. Debe constar en escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad. El acreedor tiene derecho a ejecutar el bien si el deudor incumple.

Horas de trabajo que superan la jornada máxima ordinaria pactada. Límite: 80 horas/año (no computan las compensadas con descanso). El precio o compensación lo fija el convenio colectivo. Son voluntarias salvo pacto o fuerza mayor. Prohibidas para menores de 18 años y trabajadores nocturnos.

Impuesto local directo que grava la titularidad de bienes inmuebles. Su base imponible es el valor catastral del inmueble. El tipo lo fija el Ayuntamiento dentro de los límites legales. El sujeto pasivo es el propietario o titular de un derecho real sobre el bien.

Impuesto cedido a las CCAA que grava las transmisiones onerosas inter vivos de bienes y derechos, las operaciones societarias y los actos jurídicos documentados (AJD). La compraventa de vivienda usada tributa por TPO (tipo autonómico, 6-10%). Las hipotecas tributan por AJD. Incompatible con el IVA en la misma operación.

Grava la renta de las personas jurídicas residentes en España. Tipo general: 25%. Pymes y empresas de nueva creación (primeros 2 años): 23%. Cooperativas fiscalmente protegidas: 20%. Base imponible = resultado contable ± ajustes fiscales. El ejercicio coincide habitualmente con el año natural; la declaración se presenta 25 días tras los 6 meses del cierre.

Impuesto estatal cedido a las CCAA que grava las adquisiciones a título gratuito inter vivos (donaciones) y mortis causa (herencias). Las reducciones y bonificaciones varían significativamente por Comunidad Autónoma: algunas bonifican hasta el 99% en herencias directas. Plazo de declaración: 6 meses (prorrogable) para herencias.

Situación del trabajador que, después del tratamiento oportuno, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves y previsiblemente definitivas. Grados: parcial (reduce el 33%), total (impide la profesión habitual), absoluta (impide toda profesión) y gran invalidez.

Situación de imposibilidad temporal de trabajar por enfermedad común, accidente no laboral, enfermedad profesional o accidente de trabajo. La prestación económica corre a cargo de la empresa los primeros 15 días (enfermedad común) y de la Seguridad Social a partir del 16.º día. Máximo: 365 días, prorrogables 180.

Remedio procesal extraordinario para denunciar la lesión de un derecho fundamental sufrida en el proceso cuando ya no cabe recurso ordinario y antes de acudir al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Debe plantearse en los 20 días siguientes a la notificación de la resolución. La doctrina del TC exige agotarlo antes de admitir el amparo.

Incumplimiento de las obligaciones tributarias tipificado en la LGT. Las infracciones se clasifican en leves (sanción del 50%), graves (50-100%) y muy graves (100-150%). La voluntariedad y la reincidencia agravan la sanción.

Pena accesoria o principal que priva al condenado del ejercicio de determinados derechos o empleos públicos. La inhabilitación especial se circunscribe a derechos concretos; la absoluta afecta a todos los cargos públicos y derechos políticos.

Primera inscripción de una finca en el Registro de la Propiedad. Las vías son: escritura de adquisición con dos años de posesión del transmitente (Art. 205 LH), expediente de dominio notarial (Art. 203 LH) o certificación de dominio de Administración Pública. La inmatriculación genera una inscripción con eficacia suspendida durante 2 años frente a terceros.

Estado del deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. La insolvencia actual es el presupuesto subjetivo del concurso de acreedores; la inminente permite al deudor solicitar el concurso anticipadamente. Distinta de la iliquidez temporal: el activo puede superar al pasivo pero hay falta de liquidez.

Procedimiento de la AEAT para comprobar y verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El contribuyente tiene derecho a asistencia letrada, copia de actuaciones y plazo máximo de 18 meses.

El tipo de interés legal del dinero lo fija la Ley de Presupuestos (3,25% en 2024). Los intereses de demora procesales son 2 puntos por encima del legal (Art. 576 LEC). En deudas comerciales entre empresas aplica la Ley 3/2004 (LMOC): tipo BCE + 8 puntos. En deudas fiscales: el tipo de demora tributario (4,0625% en 2024).

Impuesto personal y progresivo que grava la renta obtenida por personas físicas residentes en España. Se divide en renta general (trabajo, actividades económicas, inmobiliaria) y renta del ahorro (dividendos, ganancias patrimoniales, intereses). Tipos del ahorro: 19% (hasta 6.000€), 21% (6.001-50.000€), 23% (50.001-200.000€), 27% (>200.000€). Declaración anual entre abril y junio.

Impuesto directo y subjetivo que grava los incrementos de patrimonio obtenidos a título lucrativo por personas físicas. Cedido a las CCAA, que pueden aplicar bonificaciones o reducciones. Las diferencias entre comunidades son muy significativas.

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El ITP grava transmisiones onerosas entre particulares (compraventa de vivienda usada, 4-10% según CCAA). El AJD grava los documentos notariales, mercantiles y administrativos: cuota variable (0,4-2,5% según CCAA) y cuota fija (0,30€/folio). En obra nueva se paga IVA + AJD (no ITP).

Impuesto autonómico que incluye tres modalidades: transmisiones patrimoniales onerosas (compraventas de segunda mano, ~6-10%), operaciones societarias (constitución de sociedades, ~1%) y actos jurídicos documentados (hipotecas, escrituras notariales, ~0,5-1,5%).

Impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios en cada fase de la cadena de valor. Tipos: general 21%, reducido 10%, superreducido 4%. Las empresas actúan como recaudadores: repercuten el IVA al cliente y deducen el soportado en sus compras. La diferencia se liquida trimestralmente (modelo 303) o mensualmente (REDEME). Algunos servicios están exentos: sanidad, educación, servicios financieros.

Proceso especial para el cobro de letras de cambio, cheques y pagarés. Permite despachar ejecución provisional inmediata sobre bienes del deudor. El deudor puede oponerse mediante excepciones tasadas (falsedad, falta de representación, extravío, prescripción, pago). El proceso más eficaz para reclamar títulos cambiarios.

Proceso declarativo civil para asuntos de cuantía superior a 15.000€ o materias que la ley determina independientemente de la cuantía. Consta de demanda → contestación → audiencia previa (fijación de hechos y prueba) → juicio oral → sentencia. Es el proceso más garantista del sistema civil.

Procedimiento penal abreviado para delitos con pena inferior a 5 años cometidos flagrantemente o en los que el investigado sea identificado en el acto. Permite celebrar el juicio en el Juzgado de Guardia en 15 días.

Proceso declarativo civil para asuntos de cuantía no superior a 15.000€ o determinadas materias (desahucio, acción posesoria, impugnación resoluciones societarias). Se caracteriza por la oralidad y rapidez. La demanda se contesta oralmente en la vista. No cabe reconvención escrita.

Órgano supremo de gobierno de las sociedades de capital. Aprueba las cuentas anuales, nombra y revoca administradores, acuerda el reparto de dividendos y las modificaciones estatutarias. En SL: convocatoria 15 días mínimo antes; en SA: 1 mes. Los acuerdos se adoptan por mayoría de capital, salvo asuntos que exigen mayoría reforzada.

Procedimiento simplificado por el que abogados y procuradores pueden reclamar sus honorarios o derechos al cliente directamente, sin necesidad de juicio declarativo. El tribunal convoca al cliente; si no paga ni impugna, se ejecuta directamente.

Disposición testamentaria por la que el testador atribuye a una persona (legatario) un bien o derecho concreto de la herencia, sin necesidad de aceptar la herencia en su conjunto ni responder de las deudas hereditarias (salvo las específicamente gravadas). Se diferencia de la institución de heredero en que este recibe una cuota del activo neto.

Porción de la herencia que la ley reserva a determinados herederos (legitimarios): descendientes, ascendientes y cónyuge. No puede ser suprimida por testamento salvo causa legal de desheredación.

Título-valor cambiario por el que el librador ordena al librado que pague una cantidad determinada al tomador en una fecha fija o a la vista. Proporciona acción cambiaria directa contra el aceptante y de regreso contra librador y endosantes.

Título valor por el que el librador ordena al librado pagar una cantidad determinada al tenedor en una fecha fijada. El librado que acepta queda obligado principal. Puede transmitirse por endoso. La acción directa contra el aceptante prescribe a los 3 años; la de regreso, a 1 año.

Sistema seguro del Ministerio de Justicia para el intercambio telemático de escritos, documentos y notificaciones procesales entre órganos judiciales, abogados, procuradores y fiscales. Obligatorio desde 2016 para profesionales en todos los órdenes jurisdiccionales.

Situación del investigado que, no estando preso preventivo, queda sometido a ciertas obligaciones cautelares: comparecencias periódicas, prohibición de salida del país, retirada de pasaporte, localización permanente o fianza.

Autorización administrativa preceptiva para realizar obras de construcción, reforma o demolición, y para actividades clasificadas. La licencia de obras acredita la conformidad del proyecto con el planeamiento. Su ausencia puede dar lugar a órdenes de demolición y sanciones. La comunicación previa sustituye a la licencia en obras menores.

Pluralidad de demandantes o demandados en un mismo proceso. Necesario (o pasivo necesario): impuesto por la ley o la naturaleza de la relación jurídica cuando la sentencia no puede dictarse sin la presencia de todos los interesados. Voluntario: surge por la acumulación subjetiva de acciones, posible siempre que sean conexas.

Situación procesal que se produce cuando existe un proceso en curso sobre el mismo objeto entre las mismas partes. La litispendencia puede oponerse como excepción para evitar que un mismo litigio sea conocido simultáneamente por dos tribunales. En el proceso civil, el tribunal posterior debe abstenerse o dictar resolución de sobreseimiento (Art. 421 LEC).

Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Adapta el RGPD al ordenamiento español y añade derechos digitales específicos: derecho al olvido, portabilidad, desconexión digital, testamento digital y protección frente al acoso digital.

Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Adapta el RGPD al ordenamiento español y añade derechos digitales: desconexión digital en el trabajo, olvido digital, portabilidad, tutela algorítmica y protección de menores en Internet. La AEPD es la autoridad de control.

Signo distintivo que identifica productos o servicios en el mercado. Se registra ante la OEPM (España) o EUIPO (UE). Protección por 10 años renovables. Da derecho exclusivo de uso y persecución de imitaciones.

Conjunto de bienes, derechos y acciones del deudor en la fecha de declaración del concurso, más los adquiridos hasta la conclusión del procedimiento. La administración concursal gestiona y realiza la masa activa para pagar a los acreedores.

Método alternativo de resolución de conflictos donde un tercero neutral (mediador) facilita la comunicación entre las partes para alcanzar un acuerdo. Es voluntaria, confidencial y más económica que el litigio.

Resoluciones judiciales adoptadas antes o durante un proceso para asegurar la efectividad de la futura sentencia. Requieren apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y peligro por demora (periculum in mora).

Alteración unilateral por el empresario de condiciones esenciales: jornada, horario, remuneración o funciones. Debe justificarse en causas ETOP y notificarse con 15 días de antelación. El trabajador puede aceptar, rescindir con 20 días/año (máx. 9 mensualidades) o impugnar judicialmente.

Traslado del trabajador a un centro de trabajo diferente que exige cambio de residencia. El empresario debe justificarlo por razones económicas, técnicas, organizativas o productivas y preavisar con 30 días. El trabajador puede aceptar, extinguir con indemnización de 20 días/año (máx. 12 mensualidades) o impugnar.

Principio general del derecho por el que nadie puede prevalerse de sus propios actos ilícitos para obtener un beneficio o eludir una obligación. Impide, por ejemplo, que quien provocó la nulidad de un contrato invoque esa nulidad en su favor. Relacionado con la doctrina de los actos propios (venire contra factum proprium non valet).

Número de identificación personal, de carácter secuencial, que la Dirección General de la Policía asigna a los extranjeros que, por sus intereses económicos, profesionales o sociales, se relacionan con España. Imprescindible para firmar contratos, abrir cuentas bancarias, comprar inmuebles, tributar en España o trabajar. El NIE aparece en la TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero). Los ciudadanos UE lo obtienen mediante el Certificado de Registro.

La Directiva UE 2022/2555 (NIS2) amplía las obligaciones de ciberseguridad a más sectores (sanidad, administración pública, postal, manufactura). Exige medidas de gestión de riesgos, notificación de incidentes en 24 horas a la autoridad competente y en 72 horas al afectado, y responsabilidad de los órganos de dirección. Transpuesta en España mediante Ley pendiente de aprobación (2025).

Documento informativo expedido por el Registro de la Propiedad que contiene la descripción del inmueble, titularidad, cargas y gravámenes. No tiene valor de documento público.

Ineficacia originaria de un acto jurídico por infracción de norma imperativa o prohibitiva o por ausencia de elemento esencial. No puede ser convalidada, la puede alegar cualquiera y el juez puede apreciarla de oficio. No está sujeta a plazo de prescripción.

Sanción procesal que priva de efectos a actos judiciales realizados con infracción de normas esenciales del procedimiento causando indefensión. Puede declararse de oficio o a instancia de parte. De mayor gravedad que la anulabilidad.

Declaración judicial de que un matrimonio nunca fue válido por concurrir un vicio o defecto en el momento de su celebración (falta de consentimiento, bigamia, parentesco prohibido).

Ineficacia de un negocio jurídico que puede ser impugnado por quienes sufrieron el vicio (incapacidad, dolo, error, violencia o intimidación) pero que mientras no se impugne produce todos sus efectos. La acción de anulabilidad caduca a los 4 años. Distinta de la nulidad absoluta (de pleno derecho).

Resolución judicial que otorga a la víctima de violencia de género o doméstica un estatuto integral de protección. Incluye medidas penales cautelares (prohibición de aproximación y comunicación, alejamiento), medidas civiles (atribución de uso del domicilio, guarda y custodia) y derivación a recursos sociales. Tiene eficacia inmediata.

Acuerdo privado entre los socios de una sociedad que regula aspectos no incluidos o más detallados que los estatutos: governance, derechos de voto, política de dividendos, cláusulas drag-along/tag-along, liquidation preference, anti-dilución, vesting, derecho de información reforzado y no competencia. No es inscribible en el Registro Mercantil pero vincula contractualmente a las partes.

Título-valor por el que el firmante se obliga incondicionalmente a pagar una suma determinada en la fecha de vencimiento. Documento habitual en operaciones de crédito comercial; sujeto a la misma normativa cambiaria que la letra.

Título de propiedad industrial que otorga el derecho exclusivo de explotar una invención durante 20 años desde la solicitud (no renovable). Requisitos: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. En España la concede la OEPM; a nivel europeo la EPO. Protege tanto el producto como el procedimiento inventivo.

Conjunto de derechos y deberes que corresponden a los padres sobre sus hijos menores no emancipados. Incluye la guardia, alimentación, educación y representación legal. Se ejerce conjuntamente por ambos progenitores.

Pena pecuniaria calculada mediante el sistema de días-multa: el juez fija el número de días (según gravedad) y la cuota diaria (según situación económica del penado, entre 2 y 400 EUR/día). El impago puede convertirse en responsabilidad personal subsidiaria.

Prestación económica mensual que el progenitor no custodio abona al custodio para atender las necesidades del hijo menor. Se fija atendiendo a los ingresos del obligado y las necesidades del menor. Se actualiza anualmente conforme al IPC. Incluye alimentos, ropa, educación, sanidad y actividades extracurriculares.

Prestación económica que un cónyuge puede exigir al otro tras la separación o divorcio cuando se produzca un desequilibrio económico consecuencia del matrimonio. Puede ser temporal, indefinida o capital único. Se extingue por nuevo matrimonio o convivencia marital.

Fase inicial del contrato de trabajo durante la que cualquiera de las partes puede extinguir el contrato libremente y sin indemnización. La duración máxima la fija el convenio colectivo o, en su defecto, el ET: 6 meses para técnicos titulados, 2 meses para el resto (1 mes en empresas de menos de 25 trabajadores).

Medio de prueba consistente en la opinión técnica de un profesional especializado sobre hechos relevantes del proceso. Puede ser designado por las partes o por el tribunal.

Constitución de un derecho real de prenda sobre bienes muebles (participaciones sociales, valores, derechos de crédito) en garantía de una obligación. El bien queda en posesión del acreedor o depositado en entidad autorizada.

Impuesto local que grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en las transmisiones. Tras la STC 182/2021, no se puede liquidar si no hay incremento real de valor. Base imponible: valor catastral × coeficiente por años.

Documento público otorgado ante notario por el que una persona (poderdante) autoriza a otra (apoderado) a actuar en su nombre para actos jurídicos determinados o generales.

Ocupación de un inmueble por tolerancia o mera liberalidad del propietario, sin título, sin pagar renta y sin plazo. El propietario puede recuperar la posesión en cualquier momento mediante juicio verbal de desahucio.

Precios pactados en operaciones entre partes vinculadas (empresas del mismo grupo). Deben respetar el principio de plena competencia (arm's length): el mismo precio que entre partes independientes. La AEAT puede ajustar el valor cuando el precio acordado difiere del de mercado.

Derecho real de garantía mobiliaria que requiere la entrega del bien al acreedor o a un tercero. El deudor no puede usar el bien empeñado. La prenda sin desplazamiento permite al deudor conservar la posesión del bien.

Extinción de un derecho o acción por el transcurso del tiempo legalmente establecido sin ejercerlo. En derecho penal, supone la extinción de la responsabilidad criminal.

Extinción de acciones y derechos por el transcurso del tiempo fijado por la ley sin ejercitarlos. Distinta de la caducidad (que opera de pleno derecho), la prescripción puede ser interrumpida por actos del titular o reconocimiento del deudor. Plazo general: 5 años para acciones personales (Art. 1964 CC).

Extinción del derecho de la Administración para liquidar, exigir o sancionar deudas tributarias por el transcurso de 4 años sin ejercerlo. Se interrumpe por actuaciones inspectoras, recursos o declaraciones del contribuyente.

Prestación contributiva del SEPE para trabajadores en situación legal de desempleo con cotización mínima de 360 días en los 6 últimos años. Duración: entre 4 y 24 meses según cotización. Cuantía: 70% de la base reguladora los 6 primeros meses; 50% el resto. La base reguladora es el promedio de las bases de cotización de los 180 días previos.

Principio general del derecho que exige a las partes en toda relación jurídica comportarse con honestidad, lealtad y sin causar daño innecesario al otro. En derecho contractual se proyecta en las fases precontractual, de ejecución y postcontractual.

Medida cautelar personal privativa de libertad adoptada por el juez instructor durante la instrucción penal. Solo procede cuando haya indicios de delito, riesgo de fuga, ocultamiento de pruebas, reiteración delictiva o alarma social. Plazo máximo ordinario: 2 años (4 en delitos con pena superior a 3 años). Infringe la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad.

Medida cautelar personal privativa de libertad adoptada durante la instrucción cuando existe riesgo de fuga, reiteración delictiva u obstrucción. Requiere imputación por delito con pena superior a 2 años. Plazo máximo ordinario: 2 años (prorrogables a 4).

Proceso judicial simplificado para reclamar deudas dinerarias, líquidas, determinadas, vencidas y exigibles. No requiere abogado ni procurador para cantidades inferiores a 2.000€.

Régimen jurídico de los inmuebles divididos en pisos o locales con elementos comunes. Cada propietario ostenta la propiedad exclusiva de su elemento privativo y una cuota de participación en los elementos comunes. La Comunidad de Propietarios adopta acuerdos en Junta y se rige por la LPH 1960 (modificada en 2024 para eficiencia energética).

Conjunto de derechos que protegen las creaciones del ingenio humano: derechos de autor (obras literarias, artísticas, musicales, software), derechos conexos y derechos de propiedad industrial (patentes, marcas, diseños). Los derechos de autor surgen automáticamente con la creación, sin necesidad de registro.

Prueba obtenida vulnerando derechos fundamentales (inviolabilidad del domicilio, secreto de comunicaciones, integridad física). Es nula de pleno derecho y no puede surtir efectos directos ni indirectos (teoría del fruto del árbol envenenado, Art. 11.1 LOPJ). Su admisión vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías.

Prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales (inviolabilidad del domicilio, secreto comunicaciones, intimidad). No surtirá efecto en el proceso (Art. 11.1 LOPJ). La teoría del "fruto del árbol envenenado" extiende la nulidad a las pruebas derivadas. Su invocación corresponde a la defensa mediante incidente de nulidad o recurso.

Técnica de IA que combina búsqueda en bases de datos especializadas con generación de texto. Lexiel usa RAG sobre 27.200+ fuentes legales para garantizar que cada respuesta cite normativa real verificada.

Situación del demandado que no comparece ni contesta a la demanda. No implica allanamiento ni admisión de hechos. El rebelde puede incorporarse al proceso en cualquier momento sin retrotraer actuaciones.

Incremento del 30% al 50% de las prestaciones de Seguridad Social cuando el accidente de trabajo o enfermedad profesional se debe a falta de medidas de seguridad por el empresario. Es compatible con la responsabilidad civil y no asegurable.

Demanda formulada por el demandado contra el demandante en el mismo proceso, aprovechando la pendencia del litigio. Debe tener conexión con la demanda principal o se declarará inadmisible. Se tramita junto con la demanda principal y se resuelven en la misma sentencia.

Solicitud de revisión de un acto administrativo ante la propia Administración. Tipos: recurso de alzada (ante el órgano superior, 1 mes para interponerlo), recurso potestativo de reposición (ante el mismo órgano, previo a la vía contenciosa) y recurso extraordinario de revisión. El silencio en alzada se entiende desestimatorio.

Recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa para impugnar actos y disposiciones de las Administraciones Públicas. El plazo es de 2 meses desde la notificación del acto o desde que el silencio negativo sea desestimatorio. Las Salas del TSJ y la AN conocen de los asuntos más relevantes. La suspensión cautelar del acto impugnado puede solicitarse con la interposición del recurso.

Recurso ordinario contra actos que no agoten la vía administrativa, interpuesto ante el órgano superior jerárquico. Plazo: 1 mes para actos expresos, 3 meses desde el silencio negativo. Si la Administración no resuelve en 3 meses, se entiende desestimado (silencio negativo). Agota la vía administrativa.

Recurso ante el Tribunal Constitucional para la protección de derechos fundamentales (Arts. 14-29 y 30.2 CE) vulnerados por un poder público. Requiere agotar la vía judicial ordinaria y justificar la especial trascendencia constitucional (desde la LO 6/2007). Sólo el 1-2% de los recursos son admitidos a trámite.

Recurso ordinario ante el tribunal superior para revisar la resolución de instancia, tanto en hechos como en derecho. En lo civil, la Audiencia Provincial resuelve las apelaciones contra sentencias del Tribunal de Instancia (anteriormente Juzgado de Primera Instancia, conforme a la LO 1/2025).

Recurso ordinario que permite impugnar ante el tribunal superior (Audiencia Provincial o Tribunal Superior de Justicia) una resolución de primera instancia. La apelación civil admite nuevos documentos en supuestos tasados. El tribunal puede confirmar, revocar o modificar la resolución recurrida.

Recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo contra sentencias de segunda instancia. Se fundamenta en interés casacional: infracción de ley, contradicción entre Audiencias Provinciales o doctrina jurisprudencial.

Recurso opcional interpuesto ante el mismo órgano que dictó el acto, antes de acudir a la vía contenciosa. No es obligatorio. Plazo: 1 mes desde la notificación del acto expreso. No suspende el plazo para recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Régimen económico matrimonial supletorio en España (salvo pacto en contrario o vecindad civil foral). Los bienes y ganancias obtenidos durante el matrimonio son comunes; los anteriores al matrimonio o recibidos por herencia o donación son privativos. Se liquida con el divorcio, separación o fallecimiento.

Derecho del progenitor no custodio a mantener contacto regular con sus hijos menores tras la separación o divorcio. Incluye estancias en fines de semana alternos, vacaciones y festivos. Lo fija el juez atendiendo al interés superior del menor.

Institución pública de seguridad del tráfico jurídico inmobiliario. La inscripción otorga presunción de exactitud (Art. 38 LH). El principio de fe pública registral (Art. 34 LH) protege al tercero adquirente de buena fe a título oneroso que confía en el Registro. El principio de tracto sucesivo exige que el transmitente sea el titular registral.

Reglamento UE 2024/1689 que establece el primer marco legal del mundo para la inteligencia artificial. Clasifica los sistemas de IA según el riesgo: inaceptable (prohibidos), alto riesgo (sujetos a requisitos estrictos), limitado y mínimo. Aplicación gradual 2024-2027.

Presentación o rectificación de declaraciones antes de que se inicie un procedimiento de comprobación. Excluye la sanción (solo se exigen intereses de demora). Si la regularización es posterior al inicio de la inspección, los recargos por presentación extemporánea no son aplicables pero sí las sanciones reducidas.

Obligación de reparar el daño causado a otra persona. Puede ser contractual (incumplimiento de contrato, Art. 1101 CC) o extracontractual (por hecho ilícito, Art. 1902 CC). La reparación puede ser in natura o económica.

Obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, exigible dentro del propio proceso penal. Comprende restitución, reparación e indemnización. El responsable penal responde solidariamente con el responsable civil.

Obligación de reparar el daño causado a otro por acción u omisión culposa o negligente, sin existir relación contractual previa. Requiere acción, daño, nexo causal y culpa o negligencia.

Los administradores responden frente a la sociedad, socios y terceros por los daños causados por actos u omisiones contrarios a la ley, a los estatutos o que incumplan los deberes inherentes al cargo (lealtad y diligencia). La acción social la ejercita la Junta o, subsidiariamente, los socios con 5% del capital. La acción individual permite reclamar directamente el daño causado al tercero.

Obligación de las Administraciones Públicas de indemnizar a los particulares por las lesiones que sufran en sus bienes o derechos causadas por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Requiere: lesión antijurídica, nexo causal con la actuación administrativa y que el daño sea evaluable económicamente y no se haya prescrito (1 año).

Desde 2010, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por determinados delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, por personas con poder de dirección o por quienes actúan bajo su supervisión. Las penas incluyen multa, disolución, suspensión o prohibición de actividades.

Las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre por sus representantes legales o por quienes actúen bajo su autoridad cuando la empresa no haya adoptado medidas eficaces de prevención (compliance penal). La pena puede ser multa, disolución, suspensión, inhabilitación o intervención judicial. La LO 1/2015 exige un modelo de prevención eficaz y un órgano de supervisión (compliance officer).

Responsabilidad objetiva del fabricante por daños causados por defectos de seguridad de sus productos. No requiere culpa; basta probar el defecto, el daño y el nexo causal. El RDLeg 1/2007 (TRLGDCU) transpone la Directiva 85/374/CEE. La nueva Directiva 2024/2853 amplía la responsabilidad a productos digitales e IA.

Institución por la que una persona distinta del obligado principal queda sujeta al pago de la deuda tributaria. La responsabilidad solidaria (art. 42 LGT) puede exigirse directamente sin agotar el patrimonio del deudor. La subsidiaria (art. 43 LGT) requiere la previa declaración de fallido del deudor principal. Incluye a administradores de sociedades.

Pago anticipado del IRPF que el pagador de determinadas rentas (salarios, honorarios profesionales, alquileres, dividendos) está obligado a retener e ingresar en la AEAT. En contratos de arrendamiento, la retención es del 19% (Art. 101 LIRPF).

Pagos anticipados a cuenta del IRPF o IS que el pagador debe practicar y ingresar en Hacienda antes de abonar la renta al perceptor. Retención sobre sueldos: variable según tabla de retención. Sobre alquileres: 19%. Sobre honorarios profesionales: 15% (7% primeros 2 años de actividad). Sobre dividendos e intereses: 19%. La Agencia Tributaria aplica sanciones por falta de retención.

Potestad de la Administración para declarar la nulidad de sus propios actos nulos de pleno derecho, de oficio o a instancia del interesado. Requiere dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente. No está sujeta a plazo.

Reglamento General de Protección de Datos: norma europea (Reg. UE 2016/679) que regula el tratamiento de datos personales de ciudadanos de la UE. Sus principios clave son: licitud, lealtad y transparencia; limitación de finalidad; minimización de datos; exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad y confidencialidad.

Retribución mínima legal que todo trabajador por cuenta ajena tiene derecho a percibir, fijada anualmente por el Gobierno mediante Real Decreto. Inembargable en su totalidad (Art. 607.3 LEC). Para 2025-2026: 1.184 €/mes en 14 pagas (RD 1051/2024, prorrogado para 2026). No puede ser rebajado por convenio colectivo.

Retribución mínima que todo trabajador tiene derecho a percibir, fijada anualmente por el Gobierno mediante Real Decreto. En 2025-2026: 1.184 EUR/mes (en 14 pagas) = 16.576 EUR/año (RD 1051/2024, prorrogado para 2026). Referencia para el cálculo del embargo de salario.

Retribución mínima fijada anualmente por el Gobierno para cualquier actividad en España, con independencia del tipo de contrato y sector. En 2025-2026: 1.184 €/mes (14 pagas, PGE 2025 prorrogado). No puede ser compensado ni absorbido. Los convenios colectivos pueden superarlo, nunca reducirlo.

Acto de gravamen que impone la Administración como consecuencia de la comisión de una infracción prevista en una ley. Solo puede imponerse mediante procedimiento sancionador con audiencia previa. El principio non bis in idem prohíbe sancionar dos veces los mismos hechos.

Consecuencia del incumplimiento de obligaciones tributarias. La infracción leve (ocultación < 10%) se sanciona con multa del 50% de la cuota; la grave (entre 10-25%) con el 50-100%; la muy grave (más del 25% o fraude) con el 100-150%. Puede reducirse un 30% por ingreso en período voluntario y un 40% adicional por no interponer recurso.

Información confidencial de valor empresarial que su titular protege mediante medidas razonables de confidencialidad: fórmulas, procesos, listas de clientes, estrategias comerciales. La Ley 1/2019 transpone la Directiva UE 2016/943. La obtención ilícita, revelación o uso no autorizado son actos ilícitos.

Régimen económico matrimonial en el que cada cónyuge es propietario exclusivo de sus bienes, presentes y futuros, y gestiona su propio patrimonio sin interferencia del otro. Debe pactarse en capitulaciones matrimoniales.

Situación jurídica que suspende la convivencia conyugal y disuelve el régimen económico matrimonial sin disolver el vínculo. Actualmente poco utilizada pues el divorcio directo es posible; mantiene interés en casos religiosos o de pensión de viudedad.

Derecho real limitativo del dominio que impone al predio sirviente (finca gravada) una carga en beneficio del predio dominante (finca que se aprovecha) o de una persona. Pueden ser prediales (paso, luces y vistas, acueducto) o personales. Las voluntarias se constituyen por negocio jurídico; las legales, por ley. La servidumbre de paso es la más frecuente en litigación.

Efecto jurídico que se produce cuando la Administración no resuelve en el plazo legal. El silencio puede ser positivo (se entiende estimada la solicitud) o negativo (se entiende desestimada). Con carácter general, el silencio es positivo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado; negativo en los iniciados de oficio y en ciertos procedimientos tasados (licencias urbanísticas, actividades en DOMPU).

Servicio administrativo de conciliación, mediación y arbitraje laboral. El acto de conciliación previo ante el SMAC (autonómico) o SIMA (interconfederal) es requisito procesal obligatorio antes de interponer demanda laboral por extinción de contrato, salvo excepciones (ERE, derechos fundamentales). El acuerdo de conciliación tiene eficacia de cosa juzgada.

Resolución judicial que pone fin a un procedimiento penal sin dictar sentencia. El sobreseimiento libre (Arts. 637 LECrim) produce efectos de cosa juzgada. El sobreseimiento provisional (Art. 641) no impide la reapertura si aparecen nuevos indicios.

Forma societaria mercantil con capital dividido en acciones, libremente transmisibles. Capital mínimo: 60.000 EUR, desembolsado al menos un 25%. Obligatoria para sociedades cotizadas, bancos y aseguradoras.

Régimen económico matrimonial legal supletorio en España. Los bienes y ganancias adquiridos durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges son comunes. Los bienes privativos (anteriores al matrimonio, herencias, donaciones) pertenecen exclusivamente a cada cónyuge. Se disuelve por separación, divorcio, muerte o capitulaciones.

Forma societaria mercantil donde el capital está dividido en participaciones y la responsabilidad de los socios se limita al capital aportado. Es la forma más común en España para PYMES.

Empresa innovadora de reciente creación que cumple los requisitos de la Ley de Startups: no más de 5 años (7 en biotec), no cotizada, no distribuye dividendos, facturación <10M€. Beneficios: tipo IS reducido al 15% los 4 primeros años con base positiva, stock options con tratamiento fiscal mejorado (hasta 50.000€ exentos/año), módulos de visado nómada digital.

Acto procesal de realización forzosa de bienes embargados o hipotecados para pagar al ejecutante. Desde 2015 se celebra exclusivamente por vía electrónica en el Portal de Subastas del BOE. En inmuebles, el precio de salida es el 75% del valor de tasación. Si no hay postores, el ejecutante puede adjudicarse el bien al 50-70% del valor.

Transmisión automática de los contratos de trabajo al nuevo titular cuando se produce una sucesión de empresa (venta, fusión, cesión de unidad productiva autónoma). El nuevo empleador asume derechos y deudas laborales previas.

Transmisión de empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma que implica la subrogación del nuevo empresario en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior. El trabajador no puede oponerse. Aplica también en contratas y subconctratas cuando el convenio colectivo lo prevea.

Sustitución del acreedor hipotecario original por otra entidad financiera que ofrece mejores condiciones al deudor. Regulada por la Ley 2/1994, permite cambiar de banco sin cancelar la hipoteca y sin pagar AJD.

Prestación asistencial del SEPE para desempleados que han agotado la prestación contributiva o que no tienen derecho a ella. La cuantía es el 80% del IPREM (600,00€/mes en 2025-2026). Para mayores de 52 años existe el subsidio especial con cotización para la jubilación.

Disposición dineraria a fondo perdido realizada por la Administración a favor de personas públicas o privadas sin contraprestación directa. Sujeta a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Reintegro obligatorio si se incumplen condiciones.

Transmisión de empresa, centro de trabajo o unidad productiva que conserva su actividad económica y sus trabajadores, que quedan automáticamente subrogados al nuevo empresario. El cedente y el cesionario responden solidariamente de las obligaciones laborales anteriores durante 3 años.

Mecanismo que permite no ejecutar materialmente la pena privativa de libertad si se cumplen los requisitos: pena ≤2 años, no reincidente, satisfacer responsabilidades civiles. El plazo de suspensión es de 2 a 5 años. Durante la suspensión pueden imponerse reglas de conducta. Si se comete un nuevo delito doloso, la suspensión se revoca.

Beneficio que permite dejar en suspenso la ejecución de penas privativas de libertad no superiores a 2 años (excepcionalmente 5), condicionado a no delinquir durante el plazo fijado (2-5 años).

El tanteo otorga preferencia para adquirir un bien al mismo precio que el tercero, antes de que se perfeccione la venta. El retracto opera a posteriori: permite subrogarse en la posición del comprador cuando la venta ya se realizó (en los 9 días siguientes a la inscripción). Existen legales (LAU, vecinos lindantes en rústica) y convencionales.

Fase de ejecución de un delito que no se consuma por causas ajenas a la voluntad del autor. La tentativa se castiga con pena inferior en uno o dos grados a la del delito consumado. Distinta del desistimiento voluntario, que exime de pena.

Acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y formal por el que una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. Las formas más comunes son el notarial abierto y el ológrafo (manuscrito y firmado por el testador).

Persona que, por razón de su profesión u oficio, ha presenciado hechos relevantes para el proceso y a la vez puede opinar técnicamente sobre ellos. El tribunal puede ponderar su testimonio conjuntamente como prueba testifical y pericial.

Pena sustitutiva privativa de derechos que obliga al penado a prestar su cooperación no retribuida en actividades de utilidad pública. Requiere consentimiento del penado. Cada día-multa impagado equivale a un día de trabajo.

Derecho fundamental (Art. 24 CE) que garantiza el acceso a los tribunales, un proceso con todas las garantías, la utilización de los medios de prueba pertinentes, la prohibición de indefensión y el derecho a obtener una resolución motivada y ejecutable. Es la piedra angular del Estado de Derecho.

Vigencia del convenio colectivo tras su denuncia y durante la negociación del nuevo convenio. Desde la reforma laboral 2012, el Art. 86.3 ET limita la ultraactividad a un año tras la denuncia; transcurrido ese plazo sin nuevo convenio, se aplica el convenio de ámbito superior o, en su defecto, el ET.

Modo de adquirir el dominio o derechos reales por la posesión continuada durante el tiempo legalmente fijado. Ordinaria: requiere justo título y buena fe (10 años entre presentes, 20 entre ausentes para inmuebles; 3 años muebles). Extraordinaria: solo posesión pública, pacífica e ininterrumpida (30 años inmuebles; 6 muebles). Fundamento: seguridad jurídica y uso efectivo de los bienes.

Derecho real que permite usar y disfrutar bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia. Frecuente en herencias: el cónyuge viudo recibe el usufructo del tercio de mejora.

Sistema de facturación electrónica obligatorio de la AEAT que exige que los programas de facturación garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación.

Actuación material de la Administración que carece del necesario soporte en un acto administrativo previo o que se aparta manifiestamente del procedimiento legalmente establecido. Es el supuesto más grave de irregularidad administrativa. Los particulares pueden acudir directamente al orden contencioso sin necesidad de agotar la vía administrativa.

Circunstancias que anulan la validez del consentimiento contractual: error (falsa representación de la realidad, esencial y excusable), dolo (engaño inducido por la contraparte), violencia (fuerza física) e intimidación (amenaza grave e injusta). El plazo para ejercitar la acción de nulidad por vicios del consentimiento es de 4 años desde la consumación del contrato (Art. 1301 CC).

Defectos de la cosa vendida que la hacen impropia para su uso o que disminuyen su utilidad de tal modo que el comprador no la habría adquirido o habría pagado menos por ella si los hubiera conocido. El vendedor responde aunque los ignore, salvo pacto. El comprador puede elegir entre la acción redhibitoria (resolver) o la actio quanti minoris (reducción del precio). Plazo: 6 meses.

Violencia ejercida sobre la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad. Es un delito agravado respecto a la violencia doméstica. La víctima tiene derecho a orden de protección, asistencia jurídica gratuita, ayudas económicas y protección de datos.

Violencia ejercida sobre la mujer por parte de quien sea o haya sido su cónyuge o esté o haya estado ligado a ella por relación de afectividad análoga, con o sin convivencia. La LO 1/2004 establece medidas de protección integral. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer (JVM) asume competencias civiles y penales. La orden de protección tiene eficacia inmediata.

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