Tutela, curatela y medidas de apoyo tras la Ley 8/2021: nueva guía para abogados

El cambio de paradigma: de la incapacitación a las medidas de apoyo

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, ha supuesto la transformación más profunda del Derecho Civil español en materia de capacidad desde la promulgación del Código Civil de 1889. Esta ley, en vigor desde el 3 de septiembre de 2021, implementa en España los principios de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ratificada por España en 2008.

El cambio fundamental es conceptual: se abandona el modelo de sustitución de la voluntad (incapacitación) y se adopta un modelo de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica. Las personas con discapacidad ya no son "incapacitadas judicialmente"; conservan su capacidad jurídica y reciben los apoyos que necesiten para ejercerla.

Principales cambios legislativos

1. Desaparición de la incapacitación judicial: Ya no existe el procedimiento de incapacitación ni la declaración de incapacidad. Se sustituye por un procedimiento de provisión de apoyos.
2. Supresión de la tutela para mayores de edad: La tutela queda reservada exclusivamente para menores de edad no emancipados. Los mayores de edad reciben curatela u otras medidas de apoyo.
3. La curatela como medida judicial principal: La curatela se convierte en la medida judicial de apoyo por excelencia para adultos, con dos modalidades: asistencial y representativa.
4. Prioridad de las medidas voluntarias: Las medidas de apoyo establecidas por la propia persona (poderes preventivos, autocuratela) tienen prioridad sobre las judiciales.
5. Revisión periódica obligatoria: Todas las medidas judiciales deben revisarse periódicamente (máximo tres años, excepcionalmente seis).

Las medidas de apoyo: catálogo y jerarquía

Medidas voluntarias (preferentes)

La Ley 8/2021 da prioridad absoluta a las medidas que la propia persona ha establecido previamente:

Poderes y mandatos preventivos (art. 256-262 CC):

• El interesado otorga un poder notarial que surtirá efecto cuando necesite apoyo en el ejercicio de su capacidad.
• Puede incluir disposiciones sobre cuidados personales, gestión patrimonial, decisiones médicas, etc.
• Es la forma más respetuosa con la autonomía personal: la persona decide en plenas facultades quién y cómo le asistirá en el futuro.

Autocuratela (art. 271-274 CC):

• La persona puede designar, en escritura pública, quién desea que sea su curador si llega a necesitarlo.
• Puede también excluir a determinadas personas de la curatela.
• Puede establecer disposiciones sobre el funcionamiento y contenido de la curatela.
• El juez debe respetar estas disposiciones salvo que circunstancias graves lo desaconsejen.

Guarda de hecho (art. 263-267 CC)

La guarda de hecho se regula como una medida informal de apoyo que no requiere resolución judicial. Reconoce situaciones donde una persona (familiar, allegado) ya viene ejerciendo funciones de apoyo de manera natural:

• No requiere autorización judicial previa para actos ordinarios.
• Para actos de disposición de bienes o derechos que requieran autorización judicial, el guardador debe obtener autorización del juez.
• La autoridad judicial puede requerir al guardador que informe sobre la situación de la persona con discapacidad.

Curatela (art. 268-294 CC)

La curatela es la medida judicial de apoyo principal y se configura en dos modalidades:

Curatela asistencial (regla general):

• El curador asiste a la persona, complementando su capacidad de obrar.
• La persona con discapacidad actúa por sí misma, con el apoyo del curador.
• El curador no sustituye la voluntad de la persona, sino que la apoya y complementa.

Curatela representativa (excepcional, art. 269 CC):

• Solo procede cuando la persona no puede expresar su voluntad de ningún modo.
• El curador actúa en representación de la persona, pero siempre atendiendo a su voluntad, deseos y preferencias.
• Debe ser proporcional y limitada a los actos estrictamente necesarios.

Defensor judicial (art. 295-298 CC)

El defensor judicial se nombra para situaciones puntuales:

• Conflicto de intereses entre la persona y su curador.
• Mientras se tramita la provisión de curatela.
• Para actos concretos que requieran representación especial.

Procedimiento judicial de provisión de apoyos

Legitimación para solicitar medidas de apoyo

Están legitimados para promover el procedimiento (art. 757 LEC, reformado):

1. La propia persona que necesita apoyo.
2. Su cónyuge o pareja de hecho.
3. Descendientes, ascendientes o hermanos.
4. El Ministerio Fiscal: Tiene legitimación activa y, además, debe intervenir en todos los procedimientos como defensor de los derechos de la persona con discapacidad.

Tramitación del procedimiento

El procedimiento se tramita por los cauces de la jurisdicción voluntaria (Ley 15/2015) cuando no hay oposición, o por el procedimiento especial de los artículos 756 y siguientes de la LEC:

1. Solicitud o demanda: Con propuesta de las medidas de apoyo que se consideran necesarias.
2. Audiencia de la persona con discapacidad: Es preceptiva. El juez debe explorar directamente a la persona para conocer su situación, sus preferencias y su voluntad. La persona tiene derecho a ser oída en condiciones adecuadas.
3. Dictámenes periciales: Se recaba informe del equipo psicosocial del tribunal. Pueden aportarse informes médicos, psicológicos y sociales adicionales.
4. Audiencia de familiares y personas cercanas: El juez oye al cónyuge, familiares y personas del entorno que puedan aportar información relevante.
5. Intervención del Ministerio Fiscal: El fiscal emite informe sobre las medidas que considera procedentes, siempre en defensa de los derechos de la persona.
6. Resolución judicial: La sentencia o auto establece las medidas concretas, su alcance, duración y el régimen de revisión.

Contenido de la resolución judicial

La resolución debe especificar (art. 268-269 CC):

• Las medidas de apoyo concretas que se adoptan
• Los actos para los que la persona necesita asistencia o representación
• La persona o personas designadas como curador
• Las condiciones y garantías de la curatela
• El plazo de revisión (máximo tres años, excepcionalmente seis)
• Las medidas de salvaguarda para evitar abusos

El papel del Ministerio Fiscal

Funciones en el nuevo sistema

El Ministerio Fiscal tiene un papel reforzado tras la Ley 8/2021:

1. Promotor de oficio: Si tiene conocimiento de que una persona necesita medidas de apoyo y nadie las ha solicitado, debe promover el procedimiento (art. 757.5 LEC).
2. Defensor de los derechos: En todos los procedimientos, el fiscal vela por los derechos fundamentales de la persona con discapacidad.
3. Supervisor: Puede solicitar información sobre la situación de las personas con medidas de apoyo y promover su revisión cuando sea necesario.
4. Interviniente necesario: Debe intervenir en todos los procedimientos relativos a medidas de apoyo, incluso cuando no es el promotor.

Fiscalías de protección de personas con discapacidad

La reforma ha impulsado la especialización de las fiscalías. En las principales ciudades existen secciones o fiscales especializados en la protección de personas con discapacidad, lo que facilita un seguimiento más eficaz de las medidas adoptadas.

Revisión y adaptación de las medidas existentes

Disposición transitoria tercera de la Ley 8/2021

Las sentencias de incapacitación y las tutelas constituidas antes de la entrada en vigor de la ley (3 de septiembre de 2021) siguen produciendo efectos, pero deben revisarse para adaptarse al nuevo sistema. La ley estableció un plazo de tres años (hasta el 3 de septiembre de 2024) para la revisión de oficio, aunque en la práctica muchas revisiones siguen pendientes.

Procedimiento de revisión

La revisión puede solicitarla:

• La propia persona sujeta a medidas
• El curador o tutor designado
• El Ministerio Fiscal
• Cualquier persona legitimada para solicitar medidas de apoyo

El juez revisará las medidas y las adaptará al nuevo sistema: la tutela se convertirá en curatela, se ajustará el alcance de la representación, y se fijará un plazo de revisión periódica.

Lexiel como herramienta para el abogado de familia

La reforma de la Ley 8/2021 ha generado un cuerpo normativo y jurisprudencial nuevo que está en constante evolución. Lexiel puede asistir al abogado especializado en:

• Consultar la normativa vigente: Verificar la redacción actual de los artículos del Código Civil reformados (arts. 249-298, entre otros), así como las disposiciones transitorias de la Ley 8/2021.
• Búsqueda de jurisprudencia reciente: Encontrar resoluciones de Audiencias Provinciales y del Tribunal Supremo sobre la aplicación del nuevo sistema de apoyos, criterios para la curatela representativa, y revisión de medidas preexistentes.
• Redacción de escritos: Generar borradores de solicitudes de provisión de apoyos, informes de necesidad de curatela y escrituras de autocuratela o poderes preventivos.
• Comparación con el sistema anterior: Analizar cómo se trasladan las medidas del antiguo régimen (tutela, patria potestad prorrogada, curatela clásica) al nuevo sistema.

La verificación automática de citas legales es especialmente relevante en esta materia, dado que muchos artículos del Código Civil han cambiado de numeración y contenido con la reforma.

Preguntas frecuentes sobre tutela, curatela y medidas de apoyo

¿Todavía se puede solicitar la incapacitación judicial?

No. El procedimiento de incapacitación ha sido suprimido por la Ley 8/2021. Ahora se solicita la provisión de medidas de apoyo. Las demandas de incapacitación presentadas antes de la entrada en vigor de la ley se tramitan conforme al nuevo sistema.

¿Qué diferencia hay entre curatela asistencial y representativa?

La curatela asistencial (regla general) implica que la persona con discapacidad actúa por sí misma con el apoyo del curador. La curatela representativa (excepcional) implica que el curador actúa en nombre de la persona cuando esta no puede expresar su voluntad de ningún modo. La curatela representativa debe limitarse a los actos estrictamente necesarios.

¿Quién puede ser curador?

Cualquier persona física mayor de edad que no esté inhabilitada para el ejercicio de cargos tutelares, así como personas jurídicas sin ánimo de lucro (fundaciones tutelares). La ley establece un orden de preferencia: la persona designada por el propio interesado, el cónyuge o pareja, los hijos, los padres y los hermanos (art. 276 CC).

¿Cada cuánto tiempo se revisan las medidas de apoyo?

La resolución judicial debe establecer un plazo de revisión que no puede exceder de tres años. Excepcionalmente, si las circunstancias lo justifican, puede fijarse un plazo de hasta seis años. Además, cualquier cambio significativo en la situación de la persona puede justificar una revisión anticipada.

¿Qué es la autocuratela y cómo se constituye?

La autocuratela es la designación preventiva que hace una persona, en escritura pública notarial, del curador que desea tener si en el futuro necesita medidas de apoyo. Puede incluir instrucciones sobre el funcionamiento de la curatela, exclusión de determinadas personas, y preferencias sobre cuidados personales y patrimoniales. Se inscribe en el Registro Civil.