Medidas de protección en violencia de género: tipos, duración y tribunales especializados

Medidas de protección en violencia de género: el marco jurídico español

La violencia de género constituye una de las lacras más graves de nuestra sociedad. El ordenamiento jurídico español ha desarrollado un sistema integral de protección a través de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, complementada por instrumentos procesales como el art. 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Este artículo analiza en profundidad las distintas medidas de protección disponibles, su tramitación y los órganos judiciales competentes.

Concepto y ámbito de aplicación

La violencia de género, a efectos de la Ley 1/2004, comprende todo acto de violencia fisica y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad, ejercida sobre la mujer por parte de quien sea o haya sido su cónyuge, o de quien este o haya estado ligado a ella por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia (art. 1 LO 1/2004).

Este concepto es más restringido que el de violencia doméstica del art. 173.2 del Código Penal, que abarca las relaciones familiares en general. La distinción es relevante porque determina la competencia de los Tribunales de Instancia de Violencia sobre la Mujer.

La orden de protección: art. 544 ter LECrim

La orden de protección es el instrumento procesal central del sistema de protección. Regulada en el art. 544 ter LECrim (introducido por Ley 27/2003), permite al juez adoptar medidas penales, civiles y de asistencia social en una única resolución.

#### Requisitos para su concesión

Para que se dicte la orden de protección se requiere la concurrencia de dos presupuestos:

1. Indicios fundados de la comisión de un delito o falta contra la vida, integridad fisica o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de la víctima (fumus boni iuris).
2. Situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de medidas de protección (periculum in mora).

La jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 618/2014, de 22 de septiembre) ha establecido que estos requisitos deben valorarse de forma conjunta, sin exigir plena acreditación de los hechos, dado el carácter cautelar de la medida.

#### Legitimación y solicitud

Pueden solicitar la orden de protección:

• La propia víctima
• El Ministerio Fiscal
• Cualquier persona que tenga con la víctima alguna relación del art. 173.2 CP
• Las entidades u organismos asistenciales públicos o privados que tuvieran conocimiento de la situación

La solicitud puede presentarse ante el Juez de Guardia, el Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las oficinas de atención a la víctima o los servicios sociales. El formulario está disponible en las dependencias policiales y en las Oficinas de Atención a las Víctimas.

#### Tramitación urgente

La ley impone un plazo máximo de 72 horas desde la solicitud para la celebración de la audiencia ante el Juez de Guardia (art. 544 ter.4 LECrim). En la práctica, cuando existe urgencia extrema, la audiencia puede celebrarse el mismo día de la solicitud.

El juez convocará a una audiencia urgente a la víctima o su representante legal, al solicitante si fuera distinto, al presunto agresor (asistido de letrado) y al Ministerio Fiscal. La incomparecencia del agresor, debidamente citado, no impide la celebración de la audiencia ni la adopción de la orden de protección.

Tipos de medidas de protección

El sistema español contempla tres categorías de medidas que pueden adoptarse de forma simultánea.

#### Medidas penales (art. 544 bis y 544 ter LECrim)

Las medidas de naturaleza penal incluyen:

• Prohibición de aproximación a la víctima, sus familiares u otras personas que se determinen, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que frecuente (art. 544 bis LECrim). La distancia mínima habitual es de 500 metros, aunque puede ampliarse según el caso.

• Prohibición de comunicación con la víctima por cualquier medio: teléfono, correo electrónico, mensajeria instantanea, redes sociales o a través de terceras personas.

• Prohibición de residir en determinado municipio, barrio o localidad.

• Retirada de armas u objetos peligrosos, con intervención de la licencia de armas si procede.

• Prisión provisional del agresor en los casos más graves, conforme a los arts. 502 y ss. LECrim.

• Control telemático del cumplimiento de las medidas mediante dispositivos GPS (pulseras electronicas), regulado por el Protocolo de actuación del sistema de seguimiento por medios telematicos de las medidas de alejamiento en materia de violencia de género.

#### Medidas civiles (art. 544 ter.7 LECrim)

Cuando la víctima lo solicita o lo consiente, y existen hijos menores o personas con discapacidad que convivan en el domicilio familiar, el juez puede adoptar medidas civiles:

• Atribución del uso de la vivienda familiar a la víctima.
• Régimen de custodia, visitas, comunicación y estancia con los hijos.
• Régimen de prestación de alimentos provisional.
• Cualquier medida de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio.

Estas medidas civiles tienen una vigencia temporal de 30 días (art. 544 ter.7 LECrim). Si dentro de ese plazo se inicia un procedimiento de familia ante la jurisdicción civil, las medidas se mantienen durante los 30 días siguientes a la presentación de la demanda. En caso contrario, decaen automáticamente.

#### Medidas de asistencia social

La orden de protección habilita a la víctima para acceder a un conjunto de derechos y prestaciones:

• Renta Activa de Inserción (RAI) para víctimas de violencia de género.
• Acceso prioritario a viviendas protegidas y residencias públicas.
• Programa de teleAsistencia móvil (ATENPRO).
• Ayudas economicas del art. 27 de la LO 1/2004 (pago único equivalente a 6-18 meses de subsidio de desempleo).
• Derechos laborales: reducción o reordenación del tiempo de trabajo, móvilidad geográfica, suspensión del contrato con reserva de puesto.

Los Tribunales de Instancia de Violencia sobre la Mujer

La LO 1/2004 creo los Tribunales de Instancia de Violencia sobre la Mujer (JVM), con competencias específicas en materia penal y civil. Su regulación se encuentra en el art. 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

#### Competencia penal

Los JVM conocen de la instrucción y, en su caso, fallo de las siguientes causas:

• Delitos de los arts. 153, 171.4 y 5, 172.2 y 3, y 173.2 CP (lesiones, amenazas, coacciones y violencia habitual en el ámbito familiar).
• Cualquier delito cometido con violencia o intimidación contra quien sea o haya sido esposa o mujer ligada al autor por relación de afectividad.
• Faltas (actualmente delitos leves) contenidas en los títulos I y II del Libro III del CP, cuando la víctima sea la pareja o ex pareja.

#### Competencia civil

Los JVM asumen competencia civil de forma exclusiva y excluyente en determinados procedimientos de familia cuando concurren actos de violencia de género:

• Filiación, maternidad y paternidad.
• Nulidad, separación y divorcio.
• Relaciones paterno-filiales.
• Adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar.
• Guarda y custodia de hijos menores.
• Alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos.
• Necesidad de asentimiento en la adopción.
• Oposición a resoluciones administrativas en materia de menores.

Duración y revisión de las medidas

La duración de las medidas de protección depende de su naturaleza:

• Medidas penales cautelares: Se mantienen mientras subsista la situación de riesgo, pudiendo prorrogarse o modificarse de oficio o a instancia de parte. Si se dicta sentencia condenatoria, las medidas pueden convertirse en penas accesorias (arts. 48 y 57 CP) con duración determinada por la sentencia.

• Medidas civiles: Vigencia de 30 días, prorrogables si se inicia procedimiento de familia.

• Penas accesorias: Tras sentencia firme, la prohibición de aproximación y comunicación tiene la duración fijada en la condena, que no puede ser inferior a un año ni superior a diez años para penas graves (art. 57.1 CP) o inferior a un año ni superior a cinco años para penas menos graves (art. 57.2 CP).

El art. 544 ter.11 LECrim permite al juez modificar, ampliar o revocar la orden de protección en cualquier momento durante la tramitación del procedimiento, cuando se alteren las circunstancias que motivaron su adopción.

Quebrantamiento de medidas: consecuencias penales

El incumplimiento de las medidas cautelares o de la pena de prohibición de aproximación o comunicación constituye delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar (art. 468.2 CP), castigado con pena de prisión de seis meses a un año.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo (Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 25 de noviembre de 2008) estableció que el consentimiento de la víctima no exime al agresor de responsabilidad penal por el quebrantamiento. Esta doctrina fue confirmada por sentencias posteriores como la STS 39/2009.

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Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda en concederse una orden de protección?

El juez debe resolver en un plazo máximo de 72 horas desde la solicitud (art. 544 ter.4 LECrim). En situaciones de emergencia, la audiencia puede celebrarse el mismo día. Si se solicita fuera de horario judicial, el Juez de Guardia es competente.

¿?Puede la víctima renunciar a la orden de protección?

La víctima puede solicitar la extinción de las medidas civiles, pero las medidas penales no dependen de su voluntad. El juez puede mantenerlas de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal si considera que persiste la situación de riesgo (STS 39/2009).

¿Qué sucede si el agresor incumple la orden de alejamiento?

Comete delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar del art. 468.2 CP, con pena de prisión de seis meses a un año. La víctima debe llamar al 112 o al 016 inmediatamente.

¿?Las medidas de protección se extienden a los hijos?

Sí. El juez puede adoptar medidas de protección de los menores dentro de la orden de protección, incluyendo la regulación de la custodia, régimen de visitas y prohibición de aproximación respecto a los menores si existe riesgo.

¿Qué diferencia hay entre la orden de protección y las medidas cautelares ordinarias?

La orden de protección es un instrumento específico de violencia de género que permite adoptar medidas penales, civiles y asistenciales de forma conjunta y urgente. Las medidas cautelares ordinarias (art. 544 bis LECrim) son más limitadas y no activan las prestaciones sociales asociadas.

¿?Es necesario abogado para solicitar la orden de protección?

No es imprescindible para la solicitud inicial, que puede presentarse directamente ante la policía o el tribunal. Sin embargo, es muy recomendable contar con asistencia letrada, que además es gratuita para las víctimas de violencia de género con independencia de sus recursos económicos (art. 20 LO 1/2004).